El gobierno de Claudio Poggi se enfrenta a un revés judicial significativo tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de San Luis, que obligó a la administración a reparar los salarios de dos magistradas. Este fallo, emitido el 16 de octubre de 2023, confirma la afectación de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de las juezas y establece que la reparación tendrá efectos retroactivos desde febrero de 2024.
La decisión fue resultado de un expediente iniciado por las dos juezas y tres secretarias judiciales contra el Superior Gobierno de la Provincia, en el que se examinó la evolución de los salarios y el costo de vida. El tribunal concluyó que existió un deterioro sostenido en los salarios que comprometió la protección constitucional vinculada a la independencia del Poder Judicial.
El fallo de primera instancia había sido favorable para las reclamantes. Sin embargo, tanto las juezas como la Fiscalía de Estado apelaron, lo que llevó a la Cámara a modificar parcialmente la decisión. A pesar de extender la retroactividad desde noviembre a febrero de 2024, la resolución excluyó a las tres secretarias del reconocimiento específico otorgado a las juezas.
La defensa del gobierno provincial había argumentado en contra de la prueba presentada, señalando restricciones económicas y presupuestarias. No obstante, los conjueces determinaron que tales circunstancias no eran suficientes para desconocer la garantía constitucional que protege las remuneraciones de los magistrados, como se establece en el artículo 192 de la Constitución de San Luis.
Este artículo estipula que la remuneración mensual de los magistrados no puede ser disminuida, salvo por descuentos previsionales y de carácter general. La Cámara vinculó esta protección con la independencia necesaria para el ejercicio de funciones judiciales.
A pesar del fallo, no se estableció una suma específica de dinero ni un porcentaje de aumento general para el personal judicial, y tampoco se determinó una equiparación automática con los salarios de otras provincias. La reparación reconocida se limita a las dos juezas que promovieron el amparo.
Finalmente, la sentencia de segunda instancia distribuyó las costas de apelación, asignando un 80% al Estado provincial y un 20% a la parte actora, manteniendo la reparación retroactiva para las juezas desde febrero de 2024.
Fuente: NA
