La Universidad Católica Argentina (UCA) ha publicado un informe que detalla las razones detrás del reciente incremento en los índices de pobreza en el país. Entre los factores más relevantes se encuentran el ajuste de tarifas y servicios, así como el incremento en los precios de alquileres.
El estudio resalta que estos gastos han crecido a un ritmo más acelerado que otros precios y que varios ingresos familiares, lo que ha repercutido negativamente en el ingreso disponible para alimentos y otras necesidades básicas. Esta situación, según la UCA, no se refleja completamente en las métricas monetarias tradicionales debido a los cambios en la estructura del gasto de los hogares.
Además, el informe menciona un menor dinamismo en la actividad económica y un deterioro en la calidad del empleo como factores críticos. La caída desestacionalizada del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2026 se ha combinado con una disminución en el empleo registrado y un aumento en las ocupaciones informales y precarias. El análisis indica que no solo es importante la cantidad de empleos generados, sino también su productividad, estabilidad y remuneración.
El informe también señala que la recuperación de los ingresos laborales se ha debilitado. A pesar de que hubo un aumento real de los ingresos laborales que ayudó a reducir la pobreza, este proceso se ha estancado. En el primer semestre de 2026, los salarios registrados sufrieron retrocesos reales en comparación con el semestre anterior, en un contexto marcado por una mayor fragilidad del mercado laboral.
Otro punto crítico mencionado es la reversión de precios relativos favorables. Entre 2024 y parte de 2025, el aumento de precios de alimentos y otros componentes de las canastas básicas fue inferior al aumento general de precios, lo que ayudó a disminuir la pobreza. Sin embargo, desde finales de 2025, esta tendencia ha cambiado, especialmente debido al aumento en los precios de alimentos y servicios básicos.
La UCA también advierte sobre la menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Aunque programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones siguen siendo fundamentales, su capacidad de compra ha disminuido. Las actualizaciones tardías y la reducción en la cobertura de la Prestación Alimentar frente al incremento de costos han limitado su efectividad para combatir la indigencia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la pobreza afecta actualmente al 32,3% de la población en 31 aglomerados urbanos, mientras que la indigencia se sitúa en 7,5%. Estos valores representan un aumento significativo en comparación con el segundo semestre de 2025, cuando la pobreza era del 28,2% y la indigencia del 6,3%.
El informe de la UCA concluye que el dato semestral debe ser evaluado en el contexto de la trayectoria trimestral. Un nivel de pobreza del 32,3% es comparable, e incluso ligeramente superior, al del primer semestre de 2025, pero lo crucial es la tendencia: la fase de reducción de la pobreza se ha estancado y ha dado paso a un proceso de aumento.
Fuente: NA
