La indagación por el asesinato del exministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, ha generado nuevas inquietudes sobre la gestión interna de la cartera provincial. Una pericia informática reveló que los archivos de la computadora de su despacho fueron eliminados apenas dos días después del crimen.
El fiscal Hugo Costilla ha tomado medidas contundentes al citar a 214 personas que trabajaron en el ministerio entre el sábado 3 y el lunes 5 de diciembre de 2022, días críticos en el marco de la investigación. Rojas fue asesinado el sábado, y la eliminación de información se registró el lunes, cuando el funcionario ya había fallecido.
Esta medida busca esclarecer quiénes tuvieron acceso al edificio ministerial y si existieron intentos de alterar documentación relevante. Durante ese fin de semana, el Ministerio no contaba con registros confiables de ingreso y egreso, además de que las cámaras de seguridad presentaban un desfasaje en sus horarios.
Casi cuatro años después del homicidio, la Fiscalía sigue intentando determinar quién estuvo presente en el organismo durante las horas cruciales y quién manipuló la computadora oficial tras la muerte de Rojas. Este aspecto transforma el expediente en algo más que una simple causa policial, evidenciando una posible falta de custodia en un organismo del gobierno de Raúl Jalil.
Costilla también busca reconstruir el circuito de expedientes y las preocupaciones que Rojas había manifestado antes de su muerte, incluyendo rendiciones de cuentas pendientes para acceder a nuevos fondos de programas nacionales, así como rumores sobre su permanencia en el cargo.
A pesar de que estas hipótesis no prueban un móvil ni comprometen directamente a funcionarios del Ejecutivo, se vuelve imperativo investigar qué documentos fueron eliminados y a quién podría haber perjudicado su contenido.
El fiscal ha defendido el trabajo realizado, mencionando que el expediente ya cuenta con 43 cuerpos, cerca de 9.000 fojas, más de 500 testimonios filmados y casi 3.000 horas de grabaciones provenientes de 62 cámaras. Sin embargo, la magnitud de las medidas no oculta la falta de una explicación clara, y es recién ahora que se han convocado a las 214 personas relacionadas con la actividad del ministerio durante esos días.
El gobernador Jalil no puede interferir en la investigación judicial, pero es responsable de la seguridad administrativa de su gobierno. La Provincia deberá aclarar si se ha iniciado una investigación interna sobre el borrado de archivos, quién tenía acceso a la computadora, cuándo se preservó el despacho y qué funcionarios asumieron el control tras la muerte de Rojas, así como las deficiencias en los controles de ingreso y en las cámaras de seguridad.
Hasta el momento, no hay pruebas públicas que vinculen el borrado de información con una persona específica ni con el homicidio en sí. Este silencio político es considerado inaceptable en un contexto donde un ministro fue asesinado y, mientras su cadáver era velado, se eliminaron archivos de una computadora estatal. Catamarca lleva casi cuatro años sin respuestas sobre quién fue el responsable, qué se borró y con qué propósito.
Fuente: NA
