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Inacción en las cárceles de Buenos Aires: la alarmante realidad del crimen organizado

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Una reciente investigación ha revelado el funcionamiento de una organización criminal que operaba desde tres cárceles en la provincia de Buenos Aires. Este hallazgo pone en evidencia la crítica falta de control que permite a las prisiones convertirse en centros de actividad delictiva.

El fiscal de Mar del Plata, Mariano Moyano, analizó registros que indican que desde un solo teléfono se realizaron casi 20.000 llamadas entre marzo y octubre, utilizando 11 tarjetas SIM diferentes. Esta situación refleja la magnitud y organización de un grupo delictivo que tiene la capacidad de operar desde el interior de las cárceles.

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Las víctimas de esta organización eran, en su mayoría, adultos mayores que eran engañados por delincuentes que se hacían pasar por policías o familiares en apuros. En caso de que la extorsión telefónica no resultara, los criminales recurrían a células operativas en la calle para llevar a cabo violentos asaltos. Un caso emblemático involucró a una mujer jubilada de 70 años que fue torturada para robarle sus ahorros.

Las cárceles de Olmos y Batán fueron identificadas como los principales núcleos de esta operación, donde se recopilaban datos patrimoniales, se seleccionaban víctimas y se coordinaban las maniobras delictivas. Los delitos no solo se limitaban a la provincia, ya que las comunicaciones se extendían a varias provincias y hasta traspasaban fronteras, llegando a Uruguay.

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El fiscal Moyano ha expresado su indignación ante la inacción del Ministerio de Seguridad bonaerense. “¿Qué más pruebas necesitan?”, cuestionó, enfatizando que las decisiones políticas son esenciales para combatir este fenómeno. La Justicia ha hecho su parte al reunir pruebas y desarticular organizaciones, pero no puede reemplazar las decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo.

La situación es aún más preocupante si se considera que la magnitud de las comunicaciones sugiere posibles complicidades dentro del sistema penitenciario. La falta de control que permite que un detenido realice numerosas llamadas y coordine operaciones con personas en libertad plantea serias interrogantes sobre la efectividad del sistema.

El gobierno nacional ha implementado medidas para prohibir el uso de celulares en los establecimientos federales, pero la provincia de Buenos Aires aún no ha tomado medidas concretas. Durante la pandemia, se permitió la tenencia de teléfonos para mantener el contacto familiar, pero esta excepción no puede convertirse en una autorización permanente.

La solución no implica incomunicar a los detenidos, sino establecer un sistema de llamadas institucionales que permita un control adecuado. La situación actual, con un número creciente de investigaciones, dispositivos secuestrados y víctimas, exige una respuesta inmediata del gobierno bonaerense.

Las cárceles no deben ser un refugio donde se permita a los delincuentes mantener su capacidad de actuar. La pregunta planteada por el fiscal debería ser un llamado a la acción para todas las autoridades: ¿cuántas más pruebas se necesitan para detener este escandaloso accionar?

Fuente: La Nación

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