Una semana después de la presentación del presupuesto en el Congreso, el Gobierno argentino ha comenzado a retroceder en ciertos aspectos que afectan a la ley de discapacidad. Los partidos Pro y UCR han exigido cambios significativos en el proyecto, que amenaza con eliminar el nomenclador y la actualización automática de prestaciones, medidas que ahora se buscan conservar en un nuevo acuerdo.
El oficialismo, liderado por Martín Menem y el jefe de Gabinete Diego Santilli, intenta resolver una crisis interna y fortalecer su relación con aliados parlamentarios. La propuesta actual implica endurecer los criterios para la concesión de pensiones, mientras se mantiene el nomenclador y la actualización de prestaciones, elementos que el Gobierno había considerado eliminar.
Las negociaciones se desarrollan en dos frentes. Por un lado, la diputada Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, está en contacto con los aliados en la Cámara Baja, mientras que Menem y Santilli trabajan para hallar un consenso dentro del gabinete. La próxima reunión, programada para el miércoles a las 12, será crucial para determinar el rumbo del debate, con un plenario que unirá las comisiones de Presupuesto y Discapacidad.
El oficialismo se enfrenta al desafío de llegar a esta reunión con un texto que pueda atraer a los bloques dispuestos al diálogo, antes de que la oposición presente su propia propuesta, que busca extender la emergencia en discapacidad por un año más. Desde el oficialismo, hay una clara intención de reemplazar el enfoque de emergencias por una ley permanente que asegure recursos anualmente en el presupuesto.
Pro y UCR han puesto condiciones para su apoyo, reclamando que se respete el nomenclador y que las prestaciones continúen siendo actualizadas. Además, exigen que se compense a los prestadores por el atraso en los pagos acumulados desde diciembre de 2023.
A pesar de los avances en las conversaciones, el Gobierno no está dispuesto a ceder en su postura sobre las pensiones. Inicialmente, se había propuesto una incompatibilidad total entre el beneficio y el empleo formal, una condición que ahora parece estar más flexible, aunque los libertarios buscan establecer criterios más estrictos para acceder a las pensiones por discapacidad.
Las próximas horas serán decisivas para definir los detalles del acuerdo. Menem y Santilli llevarán el tema a la reunión de Gabinete del lunes, y el martes se discutirá nuevamente en la mesa política. La estrategia del oficialismo es clara: ceder en algunos puntos para evitar un rechazo que podría replicar la situación adversa que vivieron en diciembre, cuando se perdió una parte significativa del presupuesto en la votación en Diputados.
La redacción final del proyecto se acordará el miércoles, y quedará por resolver si se tratará de una ley independiente o si se integrará al presupuesto general.
Fuente: La Nación
