La Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de que Gabriela Vanesa Torres, enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, enfrente un juicio por el robo de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. Este caso está relacionado con un escándalo que involucra a más de 20 miembros del Sindicato de Camioneros.
Torres, junto a la condenada Analía Muñoz, está acusada de haber sustraído al menos 30 dosis de la vacuna rusa entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021. Estas dosis, que estaban destinadas a grupos de riesgo, fueron supuestamente utilizadas para vacunar a 21 personas vinculadas al sindicato, quienes no formaban parte de los grupos prioritarios, a cambio de compensaciones económicas para las enfermeras.
Durante la fase de instrucción, Torres fue procesada por encubrimiento, pero en el juicio oral la fiscalía la acusó de hurto. El Tribunal Oral Federal absolvió a Torres, argumentando que la modificación de la calificación legal por parte de la Fiscalía durante el procesamiento vulneraba el principio de congruencia y el derecho de defensa de la acusada. Como resultado, se declaró la nulidad del alegato acusatorio y la enfermera fue liberada de culpa y cargo.
No obstante, la fiscalía apeló esta decisión, y la Cámara de Casación Penal, por mayoría de votos, anuló el sobreseimiento, argumentando que no hubo un cambio en los hechos que justificara tal decisión y que la pena solicitada era en realidad más favorable para la acusada.
La defensa de Torres llevó el caso a la Corte Suprema, que ha rechazado la apelación, argumentando que no se vulneraron las garantías del principio de no doble juzgamiento, ni se violó el principio de congruencia.
En el mismo proceso, Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del sindicato, fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por cohecho activo, tras haber entregado dinero para que la enfermera incumpliera sus obligaciones. Además, se han presentado acusaciones contra otros afiliados que se beneficiaron con las dosis de vacuna. Originalmente, la justicia había aceptado suspender el juicio a prueba a cambio de una reparación económica, pero esta decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó que todos los implicados, incluido el exsecretario general del sindicato, Jorge Taboada, sean juzgados.
Fuente: NA
