Un juez federal ha autorizado más de veinte allanamientos en propiedades del empresario Lázaro Báez, abarcando inmobiliarias, estancias y comercios en Santa Cruz y Buenos Aires. Estas acciones se enmarcan dentro de dos causas interconectadas que investigan delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
La investigación se centra en la presunta operación de Báez, quien, a pesar de tener sus bienes embargados, habría continuado manejando sus propiedades desde la cárcel de Ezeiza. Se está indagando su vínculo con una banda de tráfico de estupefacientes que, según las pruebas, sería liderada por su mano derecha.
Fuentes judiciales informaron que Báez quedó incomunicado mientras su celda también era objeto de un allanamiento. En particular, se investiga la existencia de una organización que habría estado transportando cocaína mediante camiones de una empresa desde diciembre de 2025. Esta red criminal contaría con un lavadero como punto de entrega de la droga.
El jefe de esta organización, con vínculos cercanos a Báez y antecedentes en narcotráfico, habría estado en contacto con el empresario a través de escuchas telefónicas. Además, se han encontrado anotaciones que detallan las operaciones de tráfico de drogas.
Los allanamientos, que fueron ejecutados por la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, incluyen propiedades asociadas a las estancias Alquinta y La Entrerriana, donde Báez supuestamente estaba vinculado a la actividad ovina. También se han llevado a cabo embargos y medidas cautelares patrimoniales.
Los operativos, que comenzaron este lunes, fueron ordenados por el juez Claudio Vázquez y solicitados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Río Gallegos. Como resultado de las acciones, se han incautado estupefacientes, documentación y vehículos relacionados con los imputados.
Por último, se han implementado medidas cautelares, así como el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, en línea con las solicitudes del Ministerio Público, buscando desarticular las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.
Fuente: La Nación
