Taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones de La Plata han alcanzado un acuerdo para frenar los enfrentamientos y canalizar sus reclamos hacia la Municipalidad y el Concejo Deliberante. Esta decisión surge tras una semana marcada por protestas y un violento altercado frente al Palacio comunal.
El entendimiento ha logrado disminuir la tensión entre los trabajadores del transporte, aunque pone de manifiesto la falta de respuestas normativas por parte del gobierno local, encabezado por Julio Alak.
El acuerdo, consensuado por representantes de los distintos sectores, establece como prioridad la finalización de la “violencia entre trabajadores”. Las partes han decidido mantener sus posturas a través de vías administrativas, designando al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante como las autoridades responsables de regular el sistema de transporte de pasajeros.
Este pacto se produjo después de dos movilizaciones opuestas. Por un lado, los taxistas exigieron controles más estrictos contra Uber, DiDi y Cabify, lo que resultó en un incremento de los procedimientos por parte de la Comuna. Por otro lado, los conductores de plataformas realizaron marchas para demandar una regulación que les permita operar bajo reglas claras.
En uno de los operativos, más de 20 vehículos vinculados a aplicaciones fueron secuestrados, aumentando la tensión de la situación. El momento más crítico ocurrió frente a la sede municipal, donde una discusión entre un taxista y manifestantes de las plataformas desembocó en agresiones físicas, requiriendo la intervención policial. Este incidente transformó un conflicto regulatorio en un problema de convivencia pública, lo que llevó a los trabajadores a buscar un espacio de diálogo.
Además, la Asociación Civil de Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA) había solicitado formalmente una reunión con Alak y una mesa de trabajo que incluya a todos los actores involucrados. Por su parte, las entidades de taxis han reiterado su oposición a las plataformas que consideran ilegales, aunque han coincidido en que la disputa no debe resolverse mediante enfrentamientos entre quienes dependen del transporte.
El Concejo Deliberante ya había abordado la temática, aunque sin la existencia de un expediente integral para su tratamiento. Desde la oposición, se ha señalado que las aplicaciones han llegado para quedarse, solicitando la actualización de la ordenanza del taxi, vigente desde 1978. En contraste, el oficialismo ha solicitado prudencia, abogando por la necesidad de un diálogo amplio antes de realizar modificaciones al sistema.
Fuente: NA
