El presidente Javier Milei ha dado a conocer un conjunto de reformas económicas que serán enviadas al Congreso, las cuales forman parte del marco institucional de su programa económico. En una cadena nacional, Milei detalló las principales iniciativas que incluyen modificaciones significativas en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una nueva regla de equilibrio fiscal, conocida como «grillete fiscal», así como cambios en los mercados de capitales y seguros.
Entre las reformas más destacadas, se establece que el único objetivo del BCRA será la preservación del valor de la moneda, eliminando las múltiples finalidades anteriores que incluían la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social. Además, se prohibirá cualquier forma de financiamiento monetario al sector público, lo que implica que el BCRA no podrá adquirir títulos públicos directamente en el mercado primario.
El mecanismo actual para la designación del presidente y del directorio del BCRA se mantendrá, aunque se endurecerán las condiciones para su remoción, requiriendo el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
Otra de las propuestas es que las ganancias de determinados activos irán a una «reserva técnica no distribuible», y los beneficios generados por la administración de la cartera solo podrán ser transferidos al Tesoro para el pago de deuda pública.
Adicionalmente, se establece una regla permanente que impedirá la aprobación de presupuestos deficitarios. En caso de que las cuentas públicas se mantengan en déficit durante varios meses, se activará un mecanismo automático de corrección que incluirá la paralización de actividades no esenciales del Estado y la suspensión de nuevas contrataciones y transferencias a provincias.
Durante la vigencia de este régimen, se detendrán los salarios de funcionarios, incluyendo al presidente, ministros y legisladores, mientras que las prestaciones esenciales como jubilaciones y salud estarán protegidas.
El gobierno también busca fomentar el ahorro privado para financiar empresas, proponiendo reducciones en regulaciones y aumentando los instrumentos disponibles para inversores. Esto incluye la posibilidad de emitir obligaciones negociables en moneda extranjera y la flexibilización del régimen de crowdfunding, así como la eliminación del sistema de autorización previa para nuevos productos en el sector asegurador.
Fuente: La Nación
