La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para tomar una decisión crucial respecto al juicio oral del ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva y enfrenta tres acusaciones relacionadas con corrupción judicial.
Los fiscales federales de Rosario, en colaboración con la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), consideran que la instrucción está completa y han solicitado que el caso avance a juicio.
En febrero, el Ministerio Público presentó las acusaciones contra Bailaque, proponiendo una pena de 10 años de prisión para el ex magistrado, quien renunció a su cargo para eludir una posible destitución. A pesar de estos hechos, la defensa de Bailaque argumentó que el expediente no debería tramitarse bajo el nuevo sistema acusatorio, que entrará en vigencia en mayo de 2024 en Rosario.
Tanto la primera instancia como la Cámara Federal de Rosario confirmaron el procesamiento con prisión preventiva, que Bailaque cumple actualmente en su domicilio. No obstante, la defensa apeló esta decisión, y aunque la Cámara Federal de Casación validó el procesamiento, concedió una apelación relacionada con la acusación de extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto.
Este caso se basa en delaciones del ex jefe de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, quien confesó haber participado como arrepentido. A pesar de que el Ministerio Público solicitó una fecha para el inicio del juicio, el juez Aníbal Pineda decidió no avanzar en la causa por extorsión hasta que la Corte Suprema evalúe el recurso.
Pineda suspendió el trámite del expediente, argumentando el riesgo de nulidad de lo actuado. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, que afirmó que la medida interfería con la jurisdicción de la acusación y favorecía al acusado, complicando la persecución judicial.
Ante esta situación, Pineda revisó el planteo y aceptó la apelación, lo que obliga a la Cámara Federal de Casación Penal a reevaluar los argumentos y decidir si el proceso judicial contra Bailaque avanza a juicio oral.
Bailaque enfrenta acusaciones serias, incluyendo la creación de una causa penal ficticia para extorsionar a empresarios, la aceptación de beneficios económicos ilegítimos bajo contratos simulados y el blanqueo de capitales de origen delictivo, aprovechando su posición como funcionario público.
Fuente: NA
