La capital argentina enfrenta serios problemas de invertebración, hacinamiento y falta de servicios públicos, fenómenos que han sido objeto de estudio a lo largo de su historia. La reflexión sobre cuándo se deterioró la situación de Buenos Aires resuena con la inquietud planteada por Mario Vargas Llosa respecto a Perú.
Desde la década de 1960, el panorama urbano de Buenos Aires no era tan caótico como el actual. Sin embargo, el urbanista Carlos Della Paolera ya alertaba sobre el desbordamiento de la ciudad hacia sus alrededores, una situación que se agravó con el tiempo y que puso en evidencia la necesidad de una gestión adecuada del crecimiento urbano.
El censo de 1947 evidenció problemas como la bicefalia entre La Plata y Buenos Aires, el uso desarticulado del suelo y la ausencia de un plan regulador. A pesar de los esfuerzos por establecer un plan para la región, este fue interrumpido por conflictos políticos que impidieron su implementación efectiva.
Durante las décadas siguientes, el crecimiento descontrolado de la ciudad se tradujo en un sistema de loteos que fue perdiendo eficacia a medida que los nuevos asentamientos se alejaban del centro, complicando el acceso a servicios básicos como el transporte público. La Ley 8912/77 del gobernador Ibérico Saint-Jean intentó regular este fenómeno, pero el costo de los lotes se volvió inaccesible para muchos.
La erradicación forzada de villas, impulsada por el entonces intendente Osvaldo Cacciatore, resultó en el desplazamiento de familias hacia áreas no aptas para la habitabilidad, exacerbando la crisis. La administración local, ya desbordada por la situación, debió enfrentar el desafío de gestionar nuevos asentamientos en un contexto de insuficiencia económica y social.
A medida que la telaraña conurbana se volvió más caótica, la combinación de recursos legales e ilegales se convirtió en una norma. La redistribución del ingreso se realizó a través de mecanismos informales, donde la figura del Estado ausente se convirtió en una fachada para el funcionamiento de un sistema que permitía la existencia de delitos organizados.
El surgimiento de un nuevo orden socioeconómico, en el que diversos actores, desde políticos hasta vecinos, se vieron involucrados, contribuyó a un costo de legitimidad para las intendencias. Las demandas de división municipal aumentaron, llevando a reformas que resultaron en la creación de nuevos municipios, pero que no lograron resolver los problemas estructurales existentes.
En la actualidad, el GBA se ha vuelto más complejo, con la coexistencia de nuevos asentamientos y urbanizaciones cerradas. Esta dualidad ha generado un contraste entre la pobreza y la riqueza, evidenciando la falta de una dirección clara por parte de las autoridades. Es imperativo repensar la gestión del GBA, abordando sus desafíos como parte de un sistema metropolitano que afecta la identidad y genera violencia.
Fuente: La Nación
