La jueza Marta Pascual, reconocida por su compromiso con la justicia restaurativa, ha tomado una decisión que ha generado un amplio debate en el ámbito judicial y social. Recientemente, suspendió por 60 días la aplicación de la ley que reduce la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.
Pascual, quien recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Guillermo Brown, se ha definido como “una hija de la universidad pública”. Nacida en Almirante Brown, se graduó de abogada en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con posgrados en Derecho Público y en Magistratura. Además, tiene una destacada trayectoria como ministra de Familia y Desarrollo Humano durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
En su resolución, la magistrada argumentó que “hacinamiento de menores, tarde o temprano, incrementa los niveles de inseguridad y violencia”. Afirmó que su rol como operadora del sistema penal juvenil implica la responsabilidad de proteger tanto los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley como los intereses de la comunidad.
En una entrevista reciente, Pascual expresó su postura sobre la ley de imputabilidad, indicando que, aunque no está en desacuerdo con la reducción de la edad, cree que la implementación de esta ley sin los recursos adecuados podría agravar la situación. “No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad”, señaló.
La jueza ha liderado iniciativas como la Red de Potreros Digitales, que busca capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y ha publicado más de 30 trabajos especializados en temas de justicia restaurativa y derechos humanos. Su labor formativa ha dejado una huella significativa en la comunidad jurídica.
En su fallo, Pascual destaca la necesidad de que el Estado establezca las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias antes de ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal. Resalta que el incremento de la población carcelaria, consecuencia de la aplicación de la ley, puede tener efectos inmediatos en el sistema penal juvenil.
Fuente: La Nación
