La investigación por la muerte violenta del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, ha entrado en una fase complicada, marcada por la pérdida de pruebas y fallas técnicas. Tras el hallazgo del cuerpo de Rojas en diciembre de 2022, las autoridades aún no han podido determinar con certeza las circunstancias de su fallecimiento.
Recientemente, la querella apeló el rechazo al pedido de nulidad de la junta médica realizada en Córdoba, argumentando que las deficiencias técnicas impidieron una participación equitativa en una prueba crucial para esclarecer si Rojas fue asesinado. La junta, llevada a cabo en marzo de 2026, se vio afectada por problemas de audio que dificultaron la comunicación entre los peritos.
Las hipótesis sobre la muerte de Rojas incluyen un homicidio, un accidente o una caída durante un forcejeo. Sin embargo, el ateneo forense concluyó que la deficiente preservación de la escena del crimen y la contaminación de evidencias complican aún más la investigación. Además, la querella ha denunciado la pérdida de imágenes de cámaras de seguridad y inconsistencias en las comunicaciones del teléfono de Rojas.
El juez de Control de Garantías, Lucas Vaccaroni, reconoció que las dificultades técnicas impidieron que el perito se expresara de manera adecuada. Aunque se consideró que los mensajes de voz enviados por WhatsApp permitieron al perito emitir su opinión, la querella sostiene que esto no es un sustituto de una participación plena en la deliberación.
El fiscal Hugo Costilla ha decidido citar a más de 200 empleados del Ministerio de Desarrollo Social para tomar declaraciones, que comenzarán el lunes 10 de agosto. Esta nueva fase de entrevistas podría aportar información relevante, aunque el contexto de la investigación sigue siendo problemático debido a la falta de evidencia y a la contaminación de la escena.
A medida que la investigación avanza, la presión política sobre el actual gobernador Raúl Jalil aumenta, dado que Rojas era parte de su gabinete. La situación pone en jaque no solo la administración de justicia en Catamarca, sino también la imagen del gobierno provincial ante la opinión pública.
Fuente: NA
