Un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional en una vivienda del barrio San Martín de Monte Caseros encendió las alarmas sobre una posible red de trata de personas con fines de explotación laboral que operaría entre Argentina y Brasil.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Chacabuco, en el marco de una investigación iniciada tras denuncias que circularon en redes sociales y que alertaban sobre presuntas maniobras de captación de trabajadores para ser trasladados a Florianópolis bajo falsas promesas laborales.
Una de las piezas clave de la causa es el testimonio de una mujer que logró escapar junto a otras víctimas. Bajo resguardo de identidad, declaró ante las autoridades y entregó material probatorio, incluyendo imágenes, audios y contactos telefónicos.
Según su relato, las personas eran trasladadas en condiciones precarias y engañadas con ofertas de trabajo que nunca se cumplían. “Nos llevaban hacinados en una camioneta cerrada, sin condiciones mínimas”, señaló, al tiempo que denunció amenazas por parte de un hombre al que identificaban como “el jefe”.
La testigo también describió situaciones extremas vividas en Brasil, donde —según indicó— las víctimas eran sometidas a violencia física, castigos y privaciones básicas como comida y agua. Además, aseguró que muchas personas no podían escapar por falta de recursos económicos.
El escape, según detalló, se produjo durante la madrugada, cuando un grupo logró huir y recibir ayuda de ciudadanos brasileños para llegar a una terminal de ómnibus. Desde allí pudieron iniciar el regreso. Sin embargo, advirtió que aún habría personas varadas en territorio brasileño sin posibilidades de volver.
De acuerdo a los primeros datos, al menos ocho familias de Monte Caseros estarían afectadas, aunque también se habrían detectado casos en otras localidades de Corrientes, además de Misiones y Entre Ríos. Las víctimas serían tanto hombres como mujeres, de distintas edades.
Las denuncias apuntan a un presunto sistema de captación que incluía la oferta de traslado y alojamiento, pero que en realidad derivaba en condiciones de vida indignas, con viviendas precarias y salarios mínimos o inexistentes.
Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si hay personas detenidas. La investigación continúa en curso y las autoridades instan a posibles víctimas a presentarse para aportar información, garantizando la confidencialidad de sus testimonios.
