El fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado indagar a Eduardo Duhalde, ex presidente argentino, y a su esposa Hilda «Chiche» Duhalde, así como al periodista Horacio Verbitsky y a otros 30 individuos, en relación con el escándalo del «vacunatorio VIP» que funcionó en el Ministerio de Salud durante la pandemia. Este pedido se produce cinco años y medio después de que se destapara el caso.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti será la encargada de decidir si procede la indagatoria de todos los mencionados, algunos o ninguno. Esta acción responde a una resolución de la Cámara Federal que hace dos años solicitó profundizar la investigación no solo sobre los funcionarios que autorizaron la vacunación irregular, sino también sobre quienes recibieron las dosis.
Hasta el momento, la primera fase del expediente contra los funcionarios que facilitaron la vacunación VIP ha sido elevada a juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 6, actualmente vacante. Solo tres imputados han llegado a esta instancia, acusados de abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, ex secretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, ex director ejecutivo del Hospital Posadas.
La investigación también abarca a Ginés González García, quien falleció en 2022 antes de que su procesamiento fuera confirmado. Eduardo y Chiche Duhalde, junto a otros nombres destacados, serán llamados a declarar por recibir vacunas fuera de los criterios establecidos. La lista incluye a empresarios, legisladores y familiares de los Duhalde.
La acusación sostiene que los vacunados actuaron como «partícipes necesarios» en el delito de peculado, que puede conllevar penas de hasta diez años de prisión. El fiscal Taiano argumenta que estos individuos no fueron meros beneficiarios, sino que desempeñaron un papel activo al aceptar vacunas, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos para su administración.
Los hechos en cuestión incluyen la vacunación domiciliaria de los Duhalde y otros, así como la aplicación irregular de dosis en el Hospital Posadas a personas elegidas por criterios personales o familiares. La denuncia original surgió tras la confesión de Verbitsky en una entrevista radial, lo que llevó a la renuncia de González García.
El fiscal ha solicitado que sean indagados los 34 particulares que recibieron la vacuna de forma irregular. La investigación expone un esquema en el que la vacuna, reservada para grupos prioritarios, fue desviada a un grupo selecto de personas, lo que generó un fuerte rechazo en la sociedad. La causa continúa su curso judicial, con el objetivo de evitar que los implicados eludan las consecuencias legales por sus acciones durante la crisis sanitaria.
Fuente: La Nación
