El Senado ha reanudado el debate sobre el proyecto de ley General de Sociedades, una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca actualizar un marco normativo vigente desde 1972. Este proyecto reconoce la existencia de sociedades regidas por tecnología, incluyendo el uso de inteligencia artificial para funciones operativas.
Esta reunión, encabezada por la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez, representa la segunda discusión sobre el tema tras un periodo de inactividad debido a la crisis generada por el caso de Manuel Adorni y el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. La intención del oficialismo es emitir un dictamen en la próxima reunión, aún sin fecha confirmada, con el objetivo de alcanzar un consenso con los bloques opositores.
Durante el primer encuentro, realizado el 23 de junio, estuvo presente el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se ha enfrentado a senadores del kirchnerismo. En esta ocasión, la reunión avanzó sin mayores conflictos, aunque se produjo una controversia entre Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, y Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia, sobre la legalidad de ciertas resoluciones que afectaron a la Sociedad por Acciones Simplificadas.
Nissen argumentó que el proyecto del gobierno libertario podría facilitar la deshonestidad en el ámbito empresarial, mientras que Bullrich lo acusó de haber violado normativas previas. La discusión refleja las tensiones políticas en torno a la reforma.
El director de la Unidad de Información Financiera, Matías Alvarez, se pronunció a favor del proyecto, afirmando que contribuirá a la modernización del sistema financiero y que responde a requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Igualmente, el abogado Sebastián Balbín destacó la necesidad de un marco legal actualizado que se ajuste a la realidad económica y tecnológica actual.
El proyecto busca sustituir la Ley 19.550, introduciendo cambios significativos como la digitalización de procesos societarios, la creación de Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) y la inclusión de activos digitales como parte del capital social. Se permitirá la constitución de sociedades mediante firmas electrónicas y se establecerá un marco normativo que reconozca un objeto social amplio, facilitando así la creación de nuevas empresas.
Adicionalmente, el proyecto propone la integración de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) al régimen general, asegurando su agilidad y flexibilidad. El papel del Estado también se redefinirá, enfocándose en una fiscalización más específica para aquellas sociedades con oferta pública o interés público comprometido.
Fuente: La Nación
