En Argentina, el precio de los combustibles volvió a encender alarmas. En los últimos meses, la nafta registró incrementos sostenidos que la ubican entre las más caras de la región, generando un impacto directo tanto en la economía familiar como en los costos productivos.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, los aumentos en surtidor avanzaron a un ritmo superior al de los salarios. Solo durante marzo, el incremento rozó el 20%, llevando el valor del litro a superar los $2.000 en varias localidades del país.
Uno de los factores que incide en el precio final es la carga impositiva. Actualmente, el Impuesto a los Combustibles representa alrededor del 22% del valor total. Esto implica que, por cada litro cargado, una porción significativa corresponde a tributos que, en teoría, deberían destinarse a infraestructura vial.
Sin embargo, desde distintos sectores se advierte que no se perciben mejoras concretas en rutas ni en tareas de mantenimiento. Esta situación genera preocupación en actividades que dependen del transporte, donde el aumento del combustible impacta directamente en los costos operativos.
En un contexto donde producir resulta cada vez más caro, la falta de inversión visible en infraestructura suma incertidumbre y plantea desafíos para el desarrollo económico.
